Desde el pasado mes de septiembre, el gobierno dominicano ha anunciado una serie de medidas restrictivas que complican el panorama a las personas migrantes provenientes de Haití, de forma particular aquellas que no poseen un estatus regular o que habiendo aplicado al Plan Nacional de Regularización hoy se encuentran a la espera de información sobre su continuidad y no cuentan con ningún mecanismo disponible para renovar la documentación obtenida que acredita su estatus.
El Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA) ejecuta junto al Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO) el proyecto Trato Digno ejecutan actualmente iniciativa trienal que busca prevenir las detenciones y/o deportaciones arbitrarias de personas migrantes y sus descendientes.
Por Kamilah Morain │ Investigadora Asociada de OBMICA
Desde 2013, Trinidad y Tobago ha visto un aumento de migrantes desde Venezuela debido a la inestabilidad social, política y económica tras la muerte de Hugo Chávez. En respuesta a estas llegadas, las organizaciones internacionales y locales comenzaron a responder a las necesidades de los migrantes, brindando asistencia humanitaria, facilitando la integración de los migrantes y suministrando protección legal. El tema del riesgo a la apatridia respecto a los niños nacidos de migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago, o de parejas mixtas, particularmente cuando la madre es de nacionalidad venezolana se quedó sin profundizar..
Nuestro editorial de hace tres meses reportó sobre el fenómeno inquietante del creciente número de personas desplazadas dentro de Haití debido a la violencia de pandillas. Sin embargo, el escenario que se ha acaparado de la atención en septiembre es el volumen de deportaciones hacia Haití, bajo la administración Biden.