La narrativa de la haitiana embarazada atravesando la frontera para entrar en la Republica Dominicana (RD) a dar a luz se ha dinamizado para militarizar Maternidades, justificando la restricción al acceso a salud reproductiva y prohibiendo la entrada para mujeres “visiblemente embarazadas”.
Un llamado inaplazable a hablar de migraciones y los derechos que se mueven donde quiera que vaya la gente.
Al pasar un balance a políticas públicas en el día internacional del migrante, los centros para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA) Y de Desarrollo Sostenible (CEDESO), a través de la coordinación del Proyecto Trato Digno, consideran las recientes medidas restrictivas tomadas por el Estado dominicano un giro desalentador en materia de políticas de gestión de las migraciones, que expone a personas en movilidad a vivir desprotegid@s, caer en redes de explotación, tráfico ilícito y posible trata humana.
Tras el anuncio, comenzando a finales de septiembre de 2021, hecho por el Ministerio de Interior y Policía de República Dominicana sobre la implementación de medidas restrictivas contra mujeres migrantes limitando su acceso al sistema de salud pública a los casos de emergencia y la prohibición especifica de la entrada al país a extranjeras en situación migratoria irregular a partir del sexto mes de gestación, se han realizado decenas de operativos de interdicción y captura de mujeres en centros de salud de Santo Domingo y algunas provincias del país con el objetivo de deportarlas.
En interés de aporta al diálogo y la reflexión, desde OBMICA compartimos información relevante para entender las medidas migratorias tomadas por el gobierno dominicano destinadas a mujeres extranjeras en estado de embarazo, que incluye la restricción del acceso a servicios de salud en el sistema público, la prohibición explicita de la entrada al país de extranjeras en condición irregular a partir del sexto mes de embarazo y, finalmente, operativos migratorios para la deportación masiva de embarazadas, un hecho si precedentes en la historia de la gestión migratoria en el país, que viola la Constitución, tratados internacionales de los que el país es signatario y una serie de dispositivos legales que ordenan al Estado proteger la maternidad y velar por la integradidad de niños, niñas y adolescentes, independientemente de su origen nacional.